CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, inicia la etapa de consulta en las comunidades para realizar la versión definitiva.
La mandataria federal explicó que la iniciativa lleva más de año en desarrollo y sostuvo que la consulta nacional tiene el objetivo de escuchar a los pueblos que fueron excluidos durante años por gobiernos anteriores.
Participaron muchas comunidades en la elaboración de la ley, viene de muchos pueblos y una vez que se revisa, ahora va a la consulta de los pueblos», mencionó Sheinbaum Pardo.
También calificó la ley como «el reconocimiento de la grandeza cultural de México» y precisó que su gestión tiene el propósito de garantizar las justicias a la base cultural del país.
Por otra parte, el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que la base de la ley retoma las garantías de los pueblos originarios en carácter de sujetos de derecho público.
Busca que las comunidades ejerzan su autonomía y participen en la vida pública nacional. Participarán 25.8 millones de personas que forman parte de la población indígena», concluyó el funcionario.
Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este lunes la convocatoria para consultar a 69 pueblos (etnias) indígenas, un pueblo afromexicano con 16 mil 728 comunidades indígenas y 496 comunidades afromexicanas inscritas en el catálogo nacional.
La consulta es convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica.
Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, informó que el objetivo es que la iniciativa se presente el próximo 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, esto, tras recibir opiniones, sugerencias y planteamientos de la propuesta.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regio Montes, expresó que el objetivo de la Ley es proteger y garantizar derechos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que ejerzan su libre determinación.
