MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2026.-* La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Fidel Isaí “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en contra de un hombre, en el municipio de Uruapan.
De acuerdo con un comunicado, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y a la Extorsión, el 19 de octubre de 2021, la víctima se encontraba en una tortillería de la colonia Ferrocarrilera, cuando arribó una camioneta Jeep Grand Cherokee, color gris, de la que descendieron Fidel Isaí “N” y otros dos hombres.
Los responsables, quienes portaban armas de fuego, amagaron a la víctima y la obligaron a subir al vehículo, para posteriormente trasladarla a un sitio donde fue mantenida en cautiverio.
Durante cinco días, los captores exigieron a sus familiares una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación. Ante estos hechos, personal especializado de la Fiscalía brindó asesoría y acompañamiento a la familia durante el desarrollo del caso.
El 24 de octubre de ese mismo año, la víctima fue liberada y pudo regresar con su familia. Derivado de las investigaciones, la FGE logró establecer la participación de Fidel Isaí “N” en estos hechos y ejerció acción penal en su contra.
Una vez desahogadas las etapas del proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento acreditó su responsabilidad en el delito de secuestro agravado.
Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el órgano jurisdiccional impuso a Fidel Isaí “N” una pena de 70 años de prisión, además de una multa equivalente a 537 mil 720 pesos.
Asimismo, fue condenado al pago de 200 mil pesos por concepto de reparación del daño material en favor de la víctima, además de la reparación del daño psicológico, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución de sanciones penales.
La FGE refrenda su compromiso de combatir el secuestro, llevar ante los tribunales a quienes atenten contra la libertad de las personas y garantizar a las víctimas su derecho de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.
