Derivado de las publicaciones recientes relacionadas con el Hospital Integral de Coahuayana, considero importante compartir una postura exclusivamente a título personal y como trabajadora adscrita a esta institución.
Mi intención no es desacreditar movimientos, cuestionar inconformidades ni defender personas.
Reconozco plenamente que toda institución debe escuchar las necesidades de sus trabajadores y que toda expresión merece atención.
Sin embargo, también considero importante recordar que dentro de cualquier hospital existen múltiples voces y que ninguna postura individual representa necesariamente el sentir absoluto del personal.
Quienes llevamos años dentro del sistema público de salud sabemos que los retos relacionados con medicamentos, insumos, infraestructura, organización hospitalaria y recursos humanos rara vez tienen una sola causa y rara vez encuentran solución inmediata mediante cambios administrativos aislados.
Los hospitales públicos funcionan dentro de procesos más amplios que incluyen presupuestos, gestión, normatividad, disponibilidad de recursos y operación diaria.
Por ello considero que cualquier decisión institucional merece analizarse con responsabilidad y con elementos objetivos.
Las instituciones cuentan con mecanismos para corroborar hechos.
Existen expedientes.
Existen registros administrativos.
Existen controles de asistencia.
Existen indicadores.
Existen áreas de Recursos Humanos.
Existen procesos internos.Existen resultados asistenciales.
Existen procedimientos.
Y precisamente para eso existen las autoridades: para verificar antes de decidir.
También considero importante señalar que la aplicación de Condiciones Generales de Trabajo y lineamientos administrativos no debería entenderse automáticamente como una forma de hostigamiento.
Toda institución requiere orden administrativo, continuidad operativa, reglas claras y criterios equitativos que permitan proteger tanto a trabajadores como a pacientes.
Ello no excluye que cualquier trabajador tenga derecho a solicitar revisión cuando considere vulnerados sus derechos.
Pero sí considero importante distinguir entre diferencias administrativas y hechos que deban ser determinados formalmente mediante revisión institucional.
Asimismo, me preocupa que diferencias de opinión respecto a la organización del hospital estén derivando en señalamientos personales entre compañeros.
Las diferencias laborales deberían resolverse mediante diálogo institucional y no mediante confrontación pública.
Mi intención con este mensaje no es decir quién tiene razón.
Mi intención es hacer un llamado respetuoso para que, antes de cualquier decisión que impacte una institución pública y a la población que depende de ella, se revisen los hechos, se escuchen distintas perspectivas y se utilicen los mecanismos institucionales disponibles.
Porque cuando termine cualquier conflicto administrativo, quienes seguirán llegando al hospital serán los mismos pacientes.
Y ellos no preguntarán quién ganó.
Preguntarán quién sigue ahí para atenderlos.
Atentamente,
Dra. María Isabel Medina Villa
Médico Adscrito
Hospital Integral de Coahuayana
