CDMX, 28 de septiembre de 2022.- “En México el 80 por ciento de la población vive zonas de alto y muy alto estrés hídrico, el 31 por ciento no tiene agua disponible cuando la necesita, el 57 por ciento recibe el agua contaminada y el 55 por ciento carece de servicios de saneamiento de agua administrados de forma segura”, señaló en rueda de prensa desde el Senado de la República la legisladora por el estado de Michoacán, Blanca Piña Gudiño.
Acompañada por legisladores y legisladoras de Morena, la senadora denunció que existen mexicanas y mexicanos que no cuentan ni con 100 litros de agua al día en nuestro país, mientras que un poco más de mil empresas acaparan más de 35 mil millones de metros cúbicos al año, generando una enorme desigualdad.
Apuntó que esta situación debe ser revertida de forma urgente, para lo cual “es necesario adecuar la Ley de Aguas Nacionales para que se priorice el derecho humano al agua, que se acabe con el acaparamiento, que se democratice su administración tanto en la explotación y mantenimiento de cuencas y acuíferos, como en el suministro de agua para consumo doméstico, agrícola, comercial e industrial, y que se establezca planes de manejo de cuencas y acuíferos para asegurar su sustentabilidad para las generaciones presentes y futuras”.
La legisladora michoacana informó que el pasado 6 de septiembre registró ante la Mesa Directiva del Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para garantizar el derecho al agua a las y los mexicanos, recuperando el líquido vital y la infraestructura hidráulica como bienes nacionales y de seguridad nacional, lo cual es fundamental para garantizar un pleno disfrute de la vida y el bienestar de las personas.
Dicha propuesta toma en cuenta lo que señaló el pasado 24 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que el Congreso de la Unión está incurriendo en una omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio, al no haber emitido la Ley General de Aguas a que se refiere el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución general, en relación con el tercer transitorio del decreto que dio origen a dicha disposición, publicado el 8 de febrero de 2012.
Aunado a la presentación de la iniciativa, la senadora Blanca Piña anunció que registrará un punto de acuerdo de urgente resolución con el objetivo de “salvar el último bosque de la capital michoacana, el cual también es la principal zona de recarga de agua y se ha visto amenazado por proyectos inmobiliarios y agroindustriales”.
Finalmente, apuntó que la crisis del agua actual solo se solucionará si se acaba con el acaparamiento que posibilita el sistema de concesiones y se logra avanzar en el acceso y administración democrática de este recurso vital, para recuperar los derechos que le fueron arrebatados al pueblo de México en el periodo neoliberal.
