MORELIA, Mich., 12 de junio de 2025.- El presidente de la Comisión de Bienestar Social de la 76 Legislatura local, Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reconocer en la Constitución Política del Estado de Michoacán el Derecho al Cuidado como un derecho humano.
“No podemos seguir permitiendo que el cuidado sea una carga invisible. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar este derecho como base de justicia social”, expresó el legislador durante su intervención en tribuna.
De acuerdo a un comunicado, al presentar la propuesta, Ocampo retomó datos del INEGI que evidencian la sobrecarga que enfrentan las personas cuidadoras, particularmente las mujeres. En México, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a las 13.8 horas que dedican los hombres.
Esta diferencia de 25.9 horas semanales impacta directamente en la autonomía económica de las mujeres, limita su participación en el mercado laboral y profundiza las brechas de género, explicó. En Michoacán, “esta situación se refleja en múltiples comunidades donde el trabajo de cuidado recae desproporcionadamente en mujeres sin que exista respaldo institucional”.
El legislador explicó que esta carga de trabajo no reconocida afecta no solo a quienes brindan cuidados, sino también a las personas en situación de dependencia, es decir, niñez, personas adultas mayores o con discapacidad, quienes muchas veces no reciben atención adecuada debido a la falta de políticas públicas.
La iniciativa busca establecer una base jurídica para el diseño de un sistema estatal de cuidados, bajo el principio de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la comunidad.
La propuesta legislativa del diputado del PRD plantea adicionar un último párrafo al artículo segundo, que reconoce los derechos fundamentales, y al artículo segundo bis, que establece los principios de la política social del Estado. De aprobarse, el Estado tendría la obligación de garantizar este derecho mediante políticas públicas, programas y servicios accesibles, universales y con perspectiva de género.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad Sustantiva para su análisis.
