MORELIA, Mich., 9 de julio de 2025.- Este miércoles, desde la tribuna del Congreso de Michoacán, el diputado Abraham Espinoza Villa (El Doc), presentó una propuesta de reforma para atender una deuda histórica con los pueblos originarios de la costa/sierra de Michoacán, en la que propone crear la Dirección de Educación Indígena de la Etnia Náhuatl.
Abraham Espinoza Villa, El Doc, diputado local por el Distro 21, Coalcomán, precisó que esta propuesta de reforma fue elaborada juntamente con sus representados de la etnia náhuatl de la costa/sierra michoacana, quienes se acercaron a él planteando su demanda e inquietud, acordando trabajar el asunto que derivó en la iniciativa presentada este miércoles.
El texto íntegro de la propuesta presentada fue el siguiente:
COMPAÑERAS DIPUTADAS, COMPAÑEROS DIPUTADOS, MAESTROS DE LA REGIÓN COSTA SIERRA NÁHUATL QUE NOS ACOMPAÑAN Y QUE ESTÁN ESTA TARDE CON NOSOTROS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AMIGOS QUE NOS VEN POR LAS REDES SOCIALES Y PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA.
Esta reforma busca atender una deuda histórica con la población indígena náhuatl de la región Costa-Sierra de Michoacán. Se trata de más de 20 mil personas, de las cuales más de 12 mil hablan náhuatl, distribuidas en comunidades remotas como San Juan Huitzontla, Santa María Ostula, Pomaro, El Coire y San Miguel Aquila.
Durante décadas, la educación oficial ha sido insuficiente, centralizada y culturalmente inadecuada para esta población. No hay maestros bilingües suficientes, los materiales didácticos son inexistentes en su lengua materna, y las decisiones sobre su educación han sido tomadas por estructuras ajenas a su identidad, negándoles incluso la rotación de cargos entre las diferentes etnias. La educación se imparte casi exclusivamente en español, provocando pérdida lingüística, deserción escolar y violación de sus derechos culturales.
Esto no es un simple rezago administrativo. Es una injusticia educativa, institucional y cultural que vulnera principios fundamentales del orden jurídico mexicano y de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
El artículo 2º constitucional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, por tanto, a decidir sus formas internas de organización, incluyendo su modelo educativo. Además, establece que el Estado debe garantizar una educación básica bilingüe e intercultural, elevar el nivel de escolaridad y asegurar la participación indígena en la toma de decisiones.
La Ley General de Educación, en sus artículos 56 y 57, obliga al Estado a garantizar una educación inclusiva, humanista y en lengua indígena, y prohíbe eliminar esta garantía incluso por un bajo número de hablantes.
La Ley General de Derechos Lingüísticos, en su artículo 11, establece que las autoridades educativas deben asegurar el acceso a una educación bilingüe e intercultural y respetar la identidad cultural de los estudiantes indígenas.
En el plano internacional, el Convenio 169 de la OIT ordena que los niños indígenas sean educados en su lengua materna y luego en la lengua oficial del país. La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas también reconoce el derecho a establecer y controlar sus sistemas educativos en su propio idioma.
La situación actual de la Costa-Sierra Nahua —con una educación desarticulada, sin presupuesto propio, sin dirección técnica ni operativa— refleja un incumplimiento directo a estos principios. Hoy, apenas 49 docentes atienden la educación inicial y 101 el nivel preescolar, sin coordinación propia ni materiales adecuados. El magisterio nahua ya lo ha dicho con claridad: «la etnia náhuatl está en abandono institucional».
Por eso, esta reforma propone la creación de una Dirección de Educación Indígena de la Etnia Náhuatl, con autonomía técnica, operativa y presupuestal, como un órgano desconcentrado del sistema educativo estatal.
Esta dirección permitirá:
- Formar y asignar maestros bilingües.
- Diseñar materiales didácticos y programas adecuados al náhuatl.
- Establecer secundarias interculturales y centros de rescate cultural.
- Y sobre todo: garantizar que las decisiones educativas se tomen con participación directa de las comunidades.
No es un capricho. Es una exigencia jurídica, cultural y educativa.
Es también una acción afirmativa en favor de la diversidad nacional. El artículo 2º constitucional, en su apartado B inciso II, obliga a establecer mecanismos de asignación presupuestal sensibles a las condiciones locales y con rendición de cuentas. Esta dirección permitiría que los recursos lleguen realmente a donde deben: a las comunidades náhuatl, con participación de sus propios representantes educativos.
Compañeras y compañeros: esta no es sólo una reforma educativa. Es una oportunidad de justicia histórica. De devolverle a una etnia el derecho a educar a sus hijos en su lengua, en su cosmovisión, con sus propias herramientas.
El Estado mexicano —y este Congreso— tiene la responsabilidad y la facultad de hacerlo realidad. Con esta reforma, no dividimos al Estado: lo fortalecemos con justicia y con identidad.
Por eso, someto a su consideración esta iniciativa, fundada en la Constitución, en nuestras leyes generales, en tratados internacionales, y en la dignidad de un pueblo que merece ser escuchado.
Muchas gracias.
