MORELIA, Mich., 19 de marzo de 2026.- A dos años de la desaparición de José Gabriel Pelayo, sus amigos y familiares alzaron la voz para exigir a la Fiscalía General del Estado (FGE) acciones concretas que condujeran a su localización.
«Hoy nos reunimos para nombrar a José Gabriel Pelayo Salgado, para recordar quién es y para exigir su regreso. José Gabriel es padre de familia, esposo, hijo, hermano, amigo, maestro rural, defensor de derechos humanos y activista ambiental. Creció en La Nuez, una comunidad cercana a Huitzotlán, municipio de Chinicuila, y siempre mantuvo un profundo sentido de pertenencia hacia su pueblo», dice el comunicado oficial.
La demanda se sostuvo en la ausencia de resultados y en el desgaste acumulado por una espera que se prolongó sin respuestas claras. El reclamo se centró en la urgencia de retomar líneas de investigación y fortalecer las labores de búsqueda en campo.
José Gabriel Pelayo, maestro y defensor ambientalista, permaneció en calidad de desaparecido desde el 19 de marzo de 2024.
Su último punto de localización se ubicó en el municipio de Coalcomán, en la región Sierra–Costa de Michoacán.
Desde entonces, el caso transitó entre diligencias limitadas y un silencio institucional que agravó la incertidumbre de su familia.
Durante estos dos años, la falta de avances efectivos marcó el curso del expediente. Los familiares señalaron omisiones y retrasos en las investigaciones, así como la ausencia de resultados verificables que permitieran establecer su paradero. La impunidad se consolidó como una constante en un contexto de violencia persistente.
El entorno en la Sierra–Costa se deterioró con el paso del tiempo. La crisis de seguridad se profundizó en una región donde la presencia de grupos armados definió la vida cotidiana y condicionó la actuación de las autoridades. En ese escenario, la desaparición de Pelayo se inscribió en una dinámica de riesgo que afectó a defensores del territorio.
Desde 2013, el maestro y otros activistas denunciaron de forma pública y judicial el control territorial ejercido por grupos armados. Las acusaciones señalaron la disputa por rutas estratégicas que conectaron la costa del Pacífico con la región de Tierra Caliente.
A dos años del hecho, la exigencia de justicia se mantuvo firme. Sus hijos y familiares reiteraron la necesidad de que la Fiscalía actuara con diligencia y responsabilidad.
Cortesía Cecilia Sierra
