Blanca Piña
Este 2024 se cumplen 10 años de la agresión contra los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y aún sigue pendiente el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos aquella noche del 26 de septiembre de 2014.
La falta de justicia en este caso es una clara muestra de la impunidad en la que se cometen las desapariciones forzadas en México, y aunque el actual gobierno encabezado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado con el claro compromiso de atender las raíces que ocasionan la violencia, el caso de Ayotzinapa es muestra de que aún tenemos un camino que recorrer para acabar con la impunidad que obstaculiza el acceso a la justicia.
Recientemente, se ha dado a conocer que ocho de los 13 militares inculpados por su presunta participación en el caso, han recibido el beneficio de seguir con su proceso en libertad. Esta acción ha indignado a la sociedad porque es una muestra clara de la impunidad y complicidad con que actúa la autoridad judicial.
Los soldados del Ejército que siguen su proceso en libertad, pese a ser acusados de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, deben cumplir con requisitos irrisorios, como el pago de una fianza de cincuenta mil pesos, firmar periódicamente cada 15 días en el juzgado, entregar su pasaporte, y abstenerse de acercarse a testigos y víctimas del caso. Además, se les prohíbe visitar el Estado de Guerrero.
Esta decisión ha sido duramente criticada tanto por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como por el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, quien calificó esta decisión como un “sabadazo” que afecta el acceso a la justicia de los estudiantes, sus familias y la sociedad mexicana.
El poder judicial tiene una enorme deuda con la sociedad mexicana que exige justicia y poner fin a la impunidad que prevalece en nuestro país, mientras que, quienes formamos parte de la Cuarta Transformación, tenemos la obligación de seguir acompañando el reclamo de justicia en los casos de desaparición forzada en nuestro país en general y del caso de Ayotzinapa en particular. Siempre escuchando las voces de las víctimas, conscientes de que no hay transformación posible sin justicia.
Hoy, después de diez años de los crímenes de Ayotzinapa, debemos seguir exigiendo la presentación de los desaparecidos, no solo como un acto de justicia histórica, también como un acto de memoria que nos permita erradicar para siempre estos dolorosos crímenes contra la humanidad.
