MORELIA, Mich., 13 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, obtuvo sentencia condenatoria de 82 años de prisión en contra de Jorge «N», al acreditarse su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Alexis Bernardo “N”, en Morelia.
De acuerdo a comunicado, durante la audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado la pena de 82 años de prisión, así como el pago de 1 millón 49 mil 646 pesos con 40 centavos por concepto de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas. Asimismo, determinó la suspensión de sus derechos políticos.
De acuerdo con los datos acreditados durante el proceso, el 24 de mayo de 2023, Alexis Bernardo “N” se encontraba en compañía de otra persona y ambos acudieron a un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Morelia.
Una vez en el inmueble, fueron privados de la libertad y agredidos físicamente. Durante estos hechos también les fueron exigidas las llaves de un vehículo que se encontraban en otro domicilio.
En determinado momento, una de las personas privadas de la libertad logró escapar. Sin embargo, Alexis Bernardo “N” permaneció retenido y posteriormente fue trasladado a otro punto de la misma colonia, donde fue visto con vida por última vez.
Al día siguiente, 25 de mayo de 2023, Alexis Bernardo “N” fue localizado sin vida en un predio ubicado en las inmediaciones de la carretera que comunica Ciudad Industrial con la colonia La Aldea, en Morelia. Presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.
Tras las investigaciones realizadas y el desahogo de las pruebas correspondientes, la Fiscalía acreditó ante el órgano jurisdiccional la responsabilidad de Jorge «N» en el delito de secuestro agravado, lo que derivó en la sentencia condenatoria.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad y la vida de las personas, así como de procurar justicia y garantizar el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño.
