PARACHO, Mich., 9 de julio de 2026.- En un hecho histórico que da cumplimiento al Artículo 2 constitucional, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México comenzó la distribución de tarjetas del Banco del Bienestar del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanas (Faispiam). Este mecanismo entregará directamente una derrama económica de 519 millones 653 mil pesos a 367 comunidades del estado para la ejecución de obras de infraestructura social básica para mejorar sus condiciones de vida.
De acuerdo con un comunicado, durante el evento protocolario el delegado de Programas para el Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, enfatizó que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó la reforma que otorga el 10% de este fondo contra la pobreza a los pueblos originarios, consolidándolos como sujetos de derecho público.
«En Michoacán estamos hablando de pueblos originarios Purépechas y sus cuatro subregiones; pueblo Pirinda-Matlatzinca; pueblo Mazahua; pueblo Otomí; pueblo Nahua y Afromexicano de la Costa-Sierra, que de forma democrática decidirán en qué se invierte el dinero público, recurso del pueblo y para el pueblo”, afirmó Pantoja Arzola, acompañado por el presidente municipal, Salvador Martínez Gutiérrez; y el coordinador de Atención a Grupos Prioritarios y Comunidades Indígenas, Celerino Felipe Cruz.
Al encuentro asistieron autoridades indígenas de las regiones de Zacapu, Uruapan, Apatzingán y Jiquilpan, así como miembros del Comité de Administración y Vigilancia. Se destacó que, mediante asambleas previas organizadas por la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se instruyó a los habitantes sobre las reglas de operación: los recursos se destinarán exclusivamente a servicios prioritarios como agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura educativa y de salud, y mejoramiento de vivienda.
Finalmente, el enlace del Faispiam en Michoacán, Luis Ochoa Espinoza, precisó que, bajo las leyes federales de presupuesto y hacienda, estos recursos mantienen su carácter federal. Por ello, su aplicación se regirá estrictamente bajo la normativa de la Federación, garantizando que sean vigilados y auditables en su totalidad.
