Son las diez de la mañana. Una madre en Coahuayana necesita renovar un documento en el municipio. Su esposo salió temprano con la moto, el único vehículo de la familia. No hay autobús. No hay ruta. El taxi le cobraría más de lo que puede gastar. El trámite tendrá que esperar otro día. O la semana que viene. O el mes que entra.
Esta escena no es un caso aislado. Es la cotidianidad de cientos de coahuayanenses. Y sin embargo, seguimos actuando como si no existiera un problema.
Existe en nuestro municipio un mito muy cómodo: el de que todo el mundo tiene cómo moverse. Que si alguien no llega a un evento, a una cita o a un trámite, es por falta de interés o de voluntad.
Ese mito es falso, y los números lo confirman. Solo el 27% de las familias de Coahuayana cuenta con más de un vehículo. El 43% tiene únicamente uno, y en la mayoría de los casos ese vehículo es una motocicleta. El resto, un porcentaje nada menor de nuestra comunidad, no tiene absolutamente nada en qué moverse.
Dirán algunos que para eso están los taxis. Pero un taxi no es un transporte público económico. Es un servicio de alto costo que no todos pueden pagar con regularidad. Usarlo para ir al médico, para asistir a una reunión escolar o para hacer las compras de la semana no es una opción sostenible para una familia de ingresos medios o bajos. El taxi resuelve emergencias; no resuelve la vida diaria.
El problema no termina ahí. Coahuayana es un municipio con comunidades y ranchos vecinos que comparten esta cabecera como centro de servicios, trámites y vida pública. Cuando se organiza un evento cultural, una feria o una actividad comunitaria, los asientos vacíos no hablan de desinterés: hablan de imposibilidad. Las personas de las comunidades cercanas que querrían venir no pueden permitirse gastar gasolina, y muchas otras simplemente no tienen vehículo. Así, el municipio se va fragmentando en islas que ya no se comunican entre sí.
Pero la movilidad no es solo cuestión de trámites y obligaciones. También es cuestión de vida, de disfrute, de poder disfrutar lo que este municipio tiene para ofrecer. Coahuayana tiene playas hermosas: Boca de Apiza, Mezcala,San telmo y lugares a los que cualquier familia debería poder escaparse un domingo a descansar. Imagina poder tomar un camión, pagar quince pesos y pasar una tarde en la playa con sus hijos, y regresar tranquilamente por la tarde. Para muchas familias, eso hoy es imposible. No porque no quieran ir, sino porque no tienen cómo llegar sin gastar en gasolina, sin depender de alguien que los lleve. El transporte público no solo conecta personas con servicios; conecta a las personas con su propia tierra.
Y hay otro grupo al que casi nunca mencionamos en estas conversaciones: los adultos mayores. La gran mayoría de ellos ya no conduce, ya no tiene vehículo propio. Dependen de que un familiar los lleve a sus citas médicas, a sus compras, a cualquier parte. Y en esa dependencia hay algo que duele especialmente: muchos de ellos sienten que son una carga. Que piden demasiado. Que molestan. Esa sensación no debería existir en ninguna comunidad que se respete.
Los jóvenes tampoco están exentos de esta crisis. Aunque la secundaria y el CBTA cuentan con camiones escolares, el servicio es insuficiente para la cantidad de estudiantes que lo necesitan. Todos los días, muchachos y muchachas tienen que pedir raite para llegar a la escuela. Pedir raite. En pleno siglo XXI, en un municipio que está creciendo, los estudiantes dependen de la buena voluntad de desconocidos para poder educarse. Eso no es un problema menor: es una falla que compromete el futuro de toda la comunidad.
La centralización de los servicios complica aún más el panorama. Los trámites gubernamentales, las oficinas, las instituciones todo está en un solo punto del municipio, y los horarios de atención van de las ocho de la mañana a las tres de la tarde. Justo en las horas en que el único vehículo familiar está con quien trabaja. ¿Cómo se supone que el resto de la familia acceda a esos servicios? La respuesta honesta es que no puede. Y eso no es culpa de la familia; es una falla estructural que llevamos años ignorando.
Coahuayana está creciendo. Y ese crecimiento es una oportunidad, pero también una advertencia: si no construimos hoy la infraestructura de movilidad que necesitamos, mañana el problema será mucho más grande y mucho más costoso de resolver.
No hace falta inventar nada extraordinario. Microbuses. Autobuses. Rutas regulares con horarios claros. Soluciones que existen y funcionan en municipios similares al nuestro.
Y frente a todo esto, ¿qué ha hecho la clase política local? La respuesta es tan sencilla como indignante: nada. Ningún gobierno municipal en la historia reciente de Coahuayana ha propuesto siquiera ni por error, ni de pasada la implementación de un sistema de transporte público.
No ha habido diagnóstico, no ha habido propuesta, no ha habido debate. El tema simplemente no existe en la agenda de quienes nos gobiernan. Eso no es descuido: es abandono.
Es una decisión implícita de ignorar la movilidad como derecho, de gobernar para quienes ya tienen carro y olvidar a quienes no.
Lo más revelador es que ha sido la propia ciudadanía, no el gobierno la que ha intentado resolver este problema. En Coahuayana ha habido personas con visión e iniciativa que han dado pasos concretos para arrancar un servicio de transporte desde el sector privado.
Pero esos intentos han chocado siempre con la misma pared: se arranca con un solo vehículo, sin una flotilla mínima que haga viable el servicio, sin un estudio de rutas y demanda, y sin ningún tipo de apoyo institucional.
Un solo camión no es un sistema de transporte. Es un esfuerzo individual condenado a agotarse. Coahuayana no es un municipio tan pequeño como para que un solo vehículo resuelva su movilidad, y quienes lo han intentado lo han aprendido de la manera más difícil: solos, sin respaldo y sin red de seguridad. La voluntad ciudadana ha estado. Lo que ha faltado, una vez más, es la voluntad del gobierno.
Por eso vale la pena mirar lo que está ocurriendo hoy en nuestro propio estado. Esta semana Michoacán celebra la inauguración del teleférico de Uruapan, y con él llega algo que muchos no han visto titular: la renovación de 80 camiones urbanos con tecnología de monitoreo en tiempo real, integrados a 36 rutas de transporte terrestre como parte de un plan de movilidad integral.
Es una apuesta seria, moderna y digna para los habitantes de esa ciudad. Y lo celebramos. Pero también nos hace preguntarnos: si el gobierno del estado tiene la capacidad y la voluntad de transformar así la movilidad en Uruapan, ¿por qué Coahuayana no merece siquiera una fracción de ese esfuerzo? No pedimos un teleférico.
No pedimos 80 camiones. Con 12 unidades de esas que hoy se estrenan en Uruapan, Coahuayana podría tener por primera vez en su historia un sistema de transporte público real, digno y suficiente para cubrir la demanda de su gente. Doce camiones. Eso es todo lo que necesitamos para empezar a cambiar la vida de cientos de familias.
Moverse por tu propio municipio no debería ser un privilegio. No debería depender de si tienes dinero para un taxi, de si tu esposo no necesita la moto ese día, o de si hay alguien con buena voluntad que te dé un aventón.
La movilidad es un derecho: el derecho a llegar a tu trabajo, a tu escuela, a tu cita médica, y también a tu playa. A disfrutar lo que es tuyo.
La pregunta no es si Coahuayana puede darse el lujo de tener transporte público. La pregunta es si puede seguir dándose el lujo de no tenerlo.
