MORELIA, Mich., 19 de abril de 2026.-La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, llevó a cabo una acción operativa en la que, tras registrarse un enfrentamiento armado, fueron rescatadas sanas y salvas dos víctimas de secuestro; asimismo, se logró la detención de los presuntos responsables, quienes ya fueron vinculados a proceso.
De acuerdo a un comunicado, en este sentido, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Juan Manuel “N” y Christian Josvat “N”, ambos mayores de edad, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.
Cabe precisar que la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión conoció de los dos imputados mayores de edad, mientras que, un tercer relacionado en el caso, que es adolescente, se dio intervención a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, conforme a su ámbito de competencia.
De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, el pasado 7 de abril de 2026, en la localidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, las dos víctimas fueron privadas de la libertad por personas armadas.
Posteriormente, el 8 de abril, los agresores establecieron comunicación con familiares para exigir el pago de un rescate económico bajo amenazas de privar de la vida a las dos víctimas.
Derivado de labores de inteligencia, se implementó un operativo estratégico que incluyó acciones tácticas para la intervención; durante este despliegue se registró un enfrentamiento, tras el cual se logró la liberación con bien de las víctimas y la detención en flagrancia de los implicados.
Ya en audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a los imputados por los delitos de secuestro agravado; asimismo, a Christian Josvat “N” por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército; y a Juan Manuel “N” por posesión de cartuchos y cargadores del mismo uso.
El Juez de Control decretó prisión preventiva oficiosa para los imputados y fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Es importante mencionar que la determinación judicial se sustentó en diversos datos de prueba que acreditan las exigencias económicas y amenazas, informes policiales de detención en flagrancia, así como análisis y dictámenes periciales en materia de balística, química y criminalística.
Con estos resultados, la FGE reitera su compromiso de continuar con investigaciones sólidas y acciones firmes que permitan desarticular a quienes atentan contra la libertad de las personas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas, enmarcado en la política del Fiscal General, Carlos Torres Piña, de combate frontal al secuestro.
