MORELIA, Mich., 3 de julio de 2025.- En sesión pública del Congreso de Michoacán, el diputado Abraham Espinoza Villa (El Doc), defendió el derecho a una educación nahua digna presentando una iniciativa para visibilizar y revertir la exclusión histórica que representa el en la región costa-sierra vivan 12 mil 22 personas que hablan náhuatl los que enfrentan un abandono estructural del sistema educativo, sin materiales en su lengua, sin docentes capacitados y sin representación institucional.
El legislador del Partido Verde señaló que en comunidades como San Juan Huitzontla, San Miguel Aquila, Santa María Ostula, El Coire y Pomaro habitan más de 20 mil personas, pero los programas oficiales no han llegado con equidad.
«La etnia nahua se encuentra en abandono por parte de la estructura de la Dirección General de Educación Indígena”, denunció.
El Doc dijo que los recursos y programas federales tienden a concentrarse en la etnia purépecha, mayoritaria en Michoacán, mientras que los pueblos nahuas sufren alta deserción escolar, pérdida de su lengua materna y discriminación educativa.
La enseñanza se imparte casi exclusivamente en español, sin materiales ni formación bilingüe adecuados.
“La educación oficial ha sido insuficiente y culturalmente inadecuada”, advirtió, y explicó que este abandono ha llevado al magisterio nahua a exigir un sistema propio de gestión y el reconocimiento de su independencia respecto de la dirección estatal.
El diagnóstico incluye datos duros: en educación inicial y preescolar indígena, apenas 49 y 101 docentes atienden a 613 y mil 098 alumnos respectivamente, sin ninguna coordinación específica para la región náhuatl.
La iniciativa legislativa destaca que, sin una estructura propia, los esfuerzos pedagógicos quedan desarticulados y sin continuidad. Espinoza Villa sostuvo que este rezago constituye una violación a los derechos lingüísticos y culturales reconocidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales.
Recordó que el artículo 2º de la Constitución establece la obligación del Estado de garantizar educación bilingüe e intercultural, y que el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obligan a respetar la lengua y los sistemas educativos propios de los pueblos originarios.
“La lengua náhuatl es el vector de su cosmovisión y el núcleo de su identidad. Su pérdida no es solo un daño cultural, es una injusticia histórica”, subrayó el legislador.
Para corregir el rezago, sostuvo que se requiere una estructura autónoma, con criterios de asignación presupuestal propios, rendición de cuentas desde la comunidad, y con personal que domine la lengua y entienda el sistema normativo interno de los pueblos nahuas. Sólo así, dijo, se podrá garantizar el derecho a una educación digna, pertinente y con identidad.
“El Estado tiene la obligación legal de corregir esta desigualdad. No se trata de una concesión, sino de cumplir el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos por México”, puntualizó.
